Tras señalar que Eugenio Hernández Flores habría incurrido en una ilegalidad al ordenar la expropiación de los terrenos de Altamira donde se reubicaría el aeropuerto de Tampico, la abogada Adriana Dávalos Sánchez sostuvo que se le ha pedido al gobernador Egidio Torre Cantú la anulación de dicho decreto, con el fin de sepultar el proyecto.
Afirmó que “se tienen pruebas contundentes para evidenciar la ilegalidad del decreto expropiatorio publicado en el Periódico Oficial del Estado Número 18, de fecha 11 de febrero del 2010”.
Precisó que esta acción inconstitucional nace a partir del 1 de octubre de 2009, cuando el gobierno del estado hace reformas a la Ley de Expropiación de Tamaulipas, en la cual incluye el poder expropiar tierras a los ciudadanos por utilidad pública, para hacer aeródromos, aeropuertos y pistas de aterrizaje.
“El Congreso del Estado no está facultado para legislar en materia federal. El Artículo 73, Fracción XVII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que legislar sobre vías federales de comunicación, no es facultad de los estados”, mencionó.
Dávalos Sánchez, manifestó que mientras una ley esté sujeta a un juicio de amparo, no puede quedar vigente hasta que no se resuelva sobre su inconstitucionalidad. No obstante, dijo, el ex gobernador siguió adelante en su expropiación de los terrenos en Altamira, fundamentando dicho proceso en la ley bajo revisión de constitucionalidad.
“Estando notificado de diversos amparos interpuestos contra la inconstitucionalidad de la ley, el entonces gobernador emitió dos decretos de fechas 13 y 15 de octubre de 2009, donde publica las declaratorias de utilidad pública para la reubicación del aeropuerto, quedando claro que no podían emitirlas en virtud de que la ley estaba sujeta a un proceso de constitucionalidad y tenían que esperar la resolución”.
La asesora jurídica del Movimiento Ciudadano, subrayó que no era procedente expropiar por causa de utilidad pública, ya que ésta sólo ocurre cuando es necesaria para la ciudad una acción que es en su propio beneficio. En el caso concreto, Tampico no acreditaba la utilidad pública, dijo.
“Aquí ponen que por utilidad pública es necesario reubicar el aeropuerto, dicen que se hicieron los estudios técnicos y de factibilidad, así como los dictámenes técnicos. Pero la Ley de Aeropuertos y su reglamento, establece como parte del procedimiento para reubicar un aeropuerto, que la SCT le haga saber al concesionario de esta necesidad, en virtud de que la carga de pasajeros y vuelos ya sobrepasó los límites de la capacidad del aeropuerto”. Sin embargo, dijo, en Tampico no hay tal necesidad de reubicación del aeropuerto, pues la terminal aérea de esta ciudad es la segunda más grande del país en extensión de tierra, después del de la ciudad de Monterrey. El segundo aeropuerto más grande de la República en cuanto a carga de pasajeros y tráfico aéreo es Cancún, del cual vuelan aproximadamente diez millones de pasajeros al año y ese aeropuerto tiene aproximadamente 70 hectáreas menos que Tampico. “En Tampico, el flujo de pasajeros no llega a 500 mil al año, por lo tanto no hay necesidad de reubicarlo, de acuerdo a estos datos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes”.
Adriana Dávalos expresó que las propias autoridades de los tres municipios, confirmaron que no había causa de utilidad pública para reubicar el aeropuerto. Los gobiernos de Tampico, Madero y Altamira, a través de sus secretarios del Ayuntamiento, hicieron saber mediante oficios suscritos entre abril y julio del año pasado, que ninguno de los ayuntamientos tiene en su poder solicitud alguna sobre la necesidad de reubicar el aeropuerto. “No existían peticiones y mucho menos los cabildos autorizaron a sus titulares ejecutivos a firmar algún documento referente a la reubicación del aeropuerto”.
El 10 de febrero de 2010, comparecieron ante la SCT en reunión encabezada por su titular, Juan Molinar Horcasitas y Héctor González Weeks, director general de Aeronáutica Civil, el secretario de Obras Públicas del pasado sexenio Alberto Berlanga y los entonces alcaldes de Tampico, Madero y Altamira, Oscar Pérez, Sergio Posadas y Héctor Villarreal para firmar el Convenio de coordinación y concentración de acciones para reubicar el aeropuerto de Tampico, acuerdo publicado en el Diario Oficial el 3 de mayo de 2010.
“Este acuerdo por lo tanto es nulo, ya que ningún cabildo había autorizado a los tres presidentes municipales. Por ello, el 1 de septiembre del año pasado, el Ayuntamiento de Tampico aprobó por unanimidad del actual cabildo (2011-2013) la cancelación de dicho convenio en virtud de que carece de la aprobación del cabildo del trienio pasado (2008-2010)”.
Sin embargo, hasta el momento no se han iniciado los trámites respectivos para el juicio de nulidad ante instancias federales, ya que debe litigarse en la ciudad de México y la alcaldesa Magdalena Peraza, argumenta que el municipio no tiene los recursos económicos para ello. Ante esa situación, el Movimiento Ciudadano ofreció de manera gratuita los servicios de sus abogados, informó por su parte la ex senadora Carmen Bolado.
El organismo buscará reunirse con el gobernador para solicitarle que anule el decreto expropiatorio de los terrenos de Altamira donde se reubicaría el aeropuerto, lo cual ya se le planteó por escrito.